La Sanidad Pública ya no es para todos

La-Ale

La reforma sanitaria por la que ha apostado el gobierno vuelve a atacar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Una de las medidas que se incluyen supone dejar sin atención médica a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Ante esta situación, numerosas ONG no han tardado en mostrar su rechazo y denunciar la injusticia.

Hasta el momento, para conseguir la tarjeta sanitar sólo era necesario estar empadronado. Con la entrada en vigor de esta nueva medida, toda persona que no posea la residencia fiscal, quedará privado de atención médica excepto en los casos de urgencias y asistencia al parto y al posparto, lo que supone un nuevo retroceso en materia de derechos humanos y en la situación de la hasta ahora considerada ejemplar Sanidad Pública Española.

La privación de la asistencia médica hace peligrar otros aspectos a tener en cuenta. Las enfermedades como el cáncer o el SIDA no gozarán de cobertura sanitaria, si no que, tal y como indicó Ana Mato, ministra de Sanidad, la asistencia sanitaria que siempre ha sido obligación del Estado, pasará a ser cubierta a través de convenios entre organizaciones de apoyo a estos colectivos y las comunidades autónomas.

Además, la aprobación de este decreto pone en peligro la protección de las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género. Hasta ahora, la vía de detección de casos de violencia de género era a través de la atención sanitaria ya que constituía el primer lugar al que recurrían cuando habían sufrido maltrato. Sin asistencia médica, muchas de ellas perderán la protección que esta institución podía ofrecerles.

La única vía por la que los inmigrantes podrían acceder a una atención médica, a partir de ahora recae  sobre urgencias. No obstante, este incremento de pacientes en Urgencias provocará la posibilidad de que Urgencias no pueda asumirlo y quede desbordado.

Ilustración Gallardo para Público

Numerosas ONG consideran esta nueva medida como un atentado contra los derechos humanos. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España considera que esta reforma “pone en peligro las vidas” de alrededor de medio millón de personas, que según datos del INE sería el número aproximado de personas a las que afectaría. Además, esta organización considera que España, firmante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1977, al llevar a cabo estas medidas regresivas estaría desobedeciendo las obligaciones internacionales que le exigen “tratar a los colectivos que ya antes de una crisis están en situación de vulnerabilidad y que con ella, se acentúa esa vulnerabilidad y esa desprotección”.

Junto a ellos, unas 40 ONG crearon la plataforma sanidadparatodo.org con el objetivo de mostrar su rechazo a la nueva medida y de llevar a cabo una petición a todos los diputados del Congreso para que reconsideraran su posición ante el contenido del Decreto. Estas organizaciones declaran que “la nueva ley obliga a los profesionales a seleccionar a sus pacientes en base a sus condición de inmigrantes, en lugar de su estado de salud” lo que provoca una discriminación por razón de desigualdad social que se contradice con la Declaración de los Derechos Humanos.

Amnistía Internacional también considera que tanto la medida como el discurso del gobierno son considerados discriminatorios ya que “alimentan los prejuicios y generan una opinión pública contraria a la inmigración”. Como ejemplo, Amnistía Internacional recuerda la declaración de Ana Mato, ministra de Sanidad, en la que afirmaba que existía un “uso excesivo del derecho a la salud de los inmigrantes”. Idea que se contradice con las cifras del estudio de La Caixa en el que se publicó que sólo un 5% del gasto sanitario recae en la inmigración y que este colectivo consulta un 7% menos al médico de cabecera y un 16,8% menos al especialista.

La mayoría de los profesionales también se han posicionado ante esta nueva situación acogiéndose al Código Deontológico. Entre ellos, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, abordaba la cuestión afirmando que “un paciente es un paciente negro, blanco o mediopensionista, y deontológicamente no le podemos abandonar. Es una locura”.

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